El Partido de la Costa atraviesa una de las denuncias más graves de los últimos años. Una presentación judicial realizada por los concejales Martín Fernández y Evangelina Cordone expone lo que describen como un “plan delictivo continuado” en la administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE). Según la denuncia, desde 2022 hasta la actualidad se habría montado un esquema de fraude sistemático que involucra licitaciones irregulares, proveedores cartelizados y maniobras de doble beneficio económico con fondos públicos.

La investigación pone bajo la lupa a empresas como FERPEL, ALIMAR, ROMAPEL y, más recientemente, NOSLIN S.R.L., vinculada a Nilson Joao Pelegrini. Esta última aparece en la rendición de cuentas municipal de 2025 y es señalada como protagonista de una maniobra de “auto‑alquiler”: el mismo grupo económico que provee alimentos al municipio también cobra alquiler por los galpones donde se almacenan esos productos. De esta manera, se cierra un círculo de lucro indebido que multiplica las ganancias a costa del erario público.

Los denunciantes sostienen que la municipalización del SAE en abril de 2022, impulsada por el entonces intendente Cristian Cardozo, fue el “pecado original” que permitió eludir los controles del Consejo Escolar y abrir la puerta a un sistema permeable a la cartelización. Desde entonces, el Tribunal de Cuentas ha detectado anomalías en los ejercicios 2022, 2023 y 2024, mientras que en 2025 se registró una deuda flotante multimillonaria con los mismos proveedores. El intendente actual, Juan de Jesús, aparece mencionado como firmante de decretos que aprobaron pliegos y licitaciones cuestionadas, acompañado por funcionarios de Hacienda, Educación y Legal y Técnica que refrendaron las operaciones.

En este entramado surge también la figura de Amado Zogbi, quien años atrás reemplazó a Amado Boudou como secretario de Economía en el Partido de la Costa. Durante su gestión se adjudicaron obras del Plan Federal de Viviendas que quedaron inconclusas pese a pagos adelantados, lo que derivó en investigaciones judiciales. Aunque Zogbi no figura como imputado central en las causas actuales, su paso por la administración lo vincula políticamente a un período marcado por irregularidades. La relación con Boudou es evidente: ambos compartieron funciones en la misma estructura municipal y quedaron asociados a un modelo de gestión que no logró garantizar transparencia en el manejo de fondos.

Las acusaciones no se detienen allí. En el plano político bonaerense, sectores opositores han señalado a Juan de Jesús como supuesto testaferro de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y figura de peso en el peronismo provincial. Estas versiones, aunque sin sentencia judicial firme, refuerzan la percepción de vínculos oscuros y de una trama de poder que excede los límites del Partido de la Costa.

El cuadro que se dibuja es el de una administración atravesada por prácticas irregulares que se repiten año tras año, con proveedores recurrentes, funcionarios que avalan expedientes incompletos y un sistema de contrataciones que parece diseñado para favorecer a determinados grupos económicos. La denuncia actual busca que la Justicia investigue la asociación ilícita y la trazabilidad de los pagos realizados en los últimos cinco años, con el objetivo de determinar el alcance total de la defraudación.

La comunidad costera observa con preocupación cómo se acumulan las sospechas y cómo nombres históricos de la política local aparecen vinculados a maniobras que comprometen recursos destinados a los sectores más vulnerables. El desafío ahora es que las instituciones funcionen, que la Justicia avance y que los responsables rindan cuentas. Solo así podrá comenzar a revertirse la sensación de que el Partido de la Costa se ha convertido en un terreno fértil para la corrupción y los vínculos sospechosos que atraviesan gestiones y generaciones.