El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) vuelve a estar en el centro de la escena. Afiliados y legisladores vienen reclamando desde hace tiempo una prestación más eficiente, mientras en la Legislatura provincial se multiplican proyectos de autarquía y denuncias por supuesta “caja política”. Las protestas ya han trascendido los recintos y se hicieron sentir en las calles y en las puertas de las delegaciones.
El último movimiento fue protagonizado por diputados y senadores de La Libertad Avanza, quienes se manifestaron en las escalinatas de la sede central del IOMA. A la par, afiliados replicaron las protestas en Mar del Plata y otros distritos.
La resolución oficial
En este contexto, el gobernador Axel Kicillof autorizó al presidente del IOMA, Homero Giles, a avanzar con la Contratación Directa del Servicio de Policía Adicional (PolAd). La medida quedó plasmada en la Resolución N° 892-ICULGP-2026 publicada en el Boletín Oficial.
- Vigencia: del 1° de julio al 31 de diciembre de 2026.
- Alcance: sede central, anexos, jardín maternal, archivo, regiones y delegaciones.
- Total contratado: 422.832 horas/hombre.
- Valor unitario: $4.799,90 por hora.
- Importe global: $2.029.551.316,80.
Críticas opositoras
Desde la oposición calificaron el gasto como “innecesario” y cuestionaron que los efectivos “deberían estar patrullando las calles de la provincia y no atornillados a una puerta del IOMA”. Además, advirtieron que “sería lo único que le falta a Kicillof: que IOMA además de funcionar mal, reprima a sus afiliados”.
La respuesta oficial
Fuentes cercanas a Giles señalaron que la medida busca cubrir vacantes generadas por agentes que fueron destinados a otros operativos. “No tiene nada que ver con lo que dice la oposición. Nunca reprimimos protestas ni lo haremos; solo actuamos si hay violencia para proteger bienes públicos”, remarcaron.
Sin duda, la decisión de destinar más de $2.000 millones a reforzar la seguridad en las oficinas del IOMA abre un nuevo frente de polémica. Mientras el oficialismo defiende la medida como una reorganización administrativa, la oposición la interpreta como un símbolo de derroche y control. En medio de reclamos por prestaciones deficientes, la discusión promete seguir escalando.
