La noticia publicada por Folha de São Paulo y replicada por CNN Brasil no pasó desapercibida: Cristina Fernández de Kirchner contrató al abogado brasileño Rafael Valim, especialista en lawfare y miembro del equipo jurídico que defendió a Lula da Silva, para llevar su caso a instancias internacionales. Lo acompañará el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo: cuestionar la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua que pesa sobre la expresidenta en la causa Vialidad.
La estrategia del lawfare
Valim es coautor del libro Lawfare: una introducción, junto a Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula. Su especialidad es denunciar el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política. La defensa de Cristina busca instalar que su condena fue producto de una conjura de gobiernos conservadores, medios de comunicación y sectores de poder.
No es casual que se recurra a esta narrativa: el kirchnerismo lleva años denunciando que la justicia argentina actúa como brazo político de sus adversarios. Ahora, la apuesta es internacionalizar el conflicto, apelando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos.
¿Qué puede lograr?
Seamos honestos: las probabilidades de que un tribunal internacional revierta una condena firme dictada por la Corte Suprema argentina son mínimas. Los organismos internacionales pueden cuestionar aspectos procesales, recomendar reparaciones o señalar violaciones de derechos, pero difícilmente anulen una sentencia nacional.
Lo que sí puede lograr Cristina es impacto político y simbólico:
- Reforzar la narrativa de víctima de persecución.
- Reactivar la militancia kirchnerista en torno a su figura.
- Instalar el debate sobre la legitimidad de la justicia argentina en foros internacionales.
El tablero político
La jugada de Cristina ocurre en un contexto donde el oficialismo de Javier Milei enfrenta sus propios problemas: estabilidad macroeconómica lograda a costa de más deuda, pero una microeconomía devastada, con salarios bajos, consumo en caída y empresas cerrando.
En este escenario, la expresidenta busca reposicionarse. Aunque su condena la inhabilita para cargos públicos, su influencia política sigue siendo decisiva dentro del peronismo. La internacionalización de su defensa puede ser leída como un intento de mantener vigente su liderazgo, aun desde la adversidad judicial.
La estrategia no está exenta de riesgos:
- Puede ser vista como un manotazo de ahogado, más simbólico que efectivo.
- Puede reforzar la percepción de que el kirchnerismo no acepta las reglas del juego judicial.
- Puede generar rechazo en sectores moderados que interpretan la movida como un desafío a la soberanía de la justicia argentina.
En conclusión, la pregunta no es si Cristina logrará revertir su condena —probablemente no lo consiga—, sino si logrará capitalizar políticamente la internacionalización de su defensa. En un país donde la política se alimenta tanto de símbolos como de hechos, la jugada puede darle aire en la interna peronista y mantenerla en el centro del escenario.
En definitiva, Cristina Kirchner apuesta a que, aunque los tribunales argentinos la hayan condenado, los tribunales internacionales le permitan construir un relato de víctima del lawfare. Y en la Argentina, donde la política suele pesar más que la justicia, ese relato puede ser tan valioso como una absolución.
