El Premio Nobel de la Paz a Pillay, la jurista que presidió la comisión de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza, es mucho más que el reconocimiento a una trayectoria. En un mundo atravesado por guerras y por el debilitamiento de las instituciones internacionales, su elección constituye una señal política imposible de ignorar.
Hay premios que reconocen una trayectoria y otros que, además, terminan diciendo algo sobre la época en la que son concedidos. El Premio Nobel de la Paz 2026 a Pillay pertenece a esa segunda categoría.
El Comité Nobel Noruego distinguió a la jurista sudafricana “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional” y destacó su papel en el desarrollo de un sistema internacional capaz de perseguir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. También advirtió que las instituciones del derecho internacional atraviesan un momento de enorme presión. Esto fue un comunicado oficial del Premio Nobel de la Paz 2026.
Navi Pillay comenzó su carrera enfrentándose al apartheid en Sudáfrica. Fue jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, entre 2021 y 2025, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.
Fue precisamente esa comisión la que, en septiembre de 2025, llegó a una conclusión estremecedora: Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza.
No fue simplemente una opinión personal de Pillay. La comisión sostuvo que las autoridades y fuerzas israelíes habían cometido cuatro de los cinco actos genocidas contemplados en la Convención sobre Genocidio de 1948 y afirmó haber encontrado elementos para establecer intención genocida.
Hay, sin embargo, una aclaración fundamental: esa conclusión no equivale a una sentencia definitiva de un tribunal internacional contra Israel. Fue la determinación de una comisión independiente de investigación de la ONU. Israel rechazó categóricamente el informe.
Pero esta distinción jurídica no elimina la dimensión política del Premio Nobel 2026.
La reacción de Benjamin Netanyahu lo demuestra. Su oficina acusó al Comité Nobel de haber “perdido su brújula moral” y lanzó una durísima ofensiva contra Pillay después de conocerse la distinción. No parece casual que el premio genere semejante reacción.
Hay además una imagen particularmente poderosa.
El mismo día en que Pillay recibió el Nobel, la administración de Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional, institución que Pillay integró como jueza. Washington lleva tiempo enfrentado con la CPI, que en 2024 emitió una orden de arresto contra Netanyahu.
Las sanciones fueron claramente una contraofensiva de Estados Unidos en represalia por el Nobel, aunque el anuncio estadounidense no mencione ni a Pillay ni al premio. Pero políticamente la fotografía es extraordinaria. De un lado, Estados Unidos sancionando a una institución central de la justicia penal internacional. Del otro, el Comité Nobel premiando a una mujer cuya vida profesional estuvo dedicada precisamente a fortalecer el derecho internacional y la idea de que también los Estados deben rendir cuentas.
Resulta tentador interpretar este episodio como otro capítulo de la batalla cultural global: Trump, Netanyahu y las nuevas derechas occidentales de un lado; el progresismo, Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos del otro.
Pero creo que el conflicto que expone este Nobel es todavía más profundo.
La pregunta verdadera sería si existen reglas capaces de limitar a los poderosos.
Porque el principio de que nadie está por encima de la ley no debería ser patrimonio de la izquierda ni de la derecha. Es uno de los fundamentos del Estado de derecho.
Y justamente allí aparece una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo. Es legítimo cuestionar a Naciones Unidas, a sus comisiones o a la Corte Penal Internacional. Ninguna institución debería estar exenta de críticas. Otra cosa muy diferente es aceptar el derecho internacional solamente cuando juzga a nuestros adversarios y desconocerlo cuando pretende investigar a nuestros aliados.
Tampoco condenar la actuación israelí significa justificar a Hamas.La propia comisión presidida por Pillay concluyó anteriormente que Hamas y otros grupos armados palestinos habían cometido crímenes de guerra el 7 de octubre de 2023, incluyendo asesinatos de civiles y toma de rehenes.
Ese debería ser justamente el principio rector: un crimen no justifica otro crimen.
Un Nobel contra la ley del más fuerte
Por eso este Nobel no debería interpretarse simplemente como un premio contra Israel ni como una derrota de Trump. Es una reivindicación de un determinado orden internacional: aquel que pretende que incluso los países más poderosos y sus aliados tengan límites.
El propio Comité Nobel reconoció en su fundamentación que las grandes potencias han conseguido muchas veces eludir responsabilidades y que el derecho internacional ha producido resultados diferentes dependiendo de quién fuera el perpetrador y quién la víctima. El objetivo es el intento de construir reglas universales frente a la vieja lógica según la cual quien tiene suficiente poder puede terminar decidiendo cuáles reglas acepta y cuáles no.
En ese contexto, premiar a Pillay constituye una señal internacional extraordinariamente potente. No es una sentencia contra Israel. Tampoco una victoria definitiva para Palestina. Es una advertencia mucho más amplia: la fuerza militar, económica o geopolítica no debería colocar a ningún Estado por encima de la ley.
Y quizá por eso este Nobel incomode tanto.
