La ex legisladora porteña Ofelia Fernández quedó en el centro de una nueva polémica luego de que trascendiera documentación que la vincularía a una contratación por más de 17 millones de pesos por parte del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo financiado con aportes de las provincias argentinas.
Según la información difundida en los últimos días, el acuerdo contemplaría tareas de dirección creativa y asesoramiento audiovisual, con vigencia hasta octubre de 2026 y pagos periódicos que alcanzarían un monto total de 17.336.000 pesos. La contratación incluiría además viáticos, pasajes y mecanismos de actualización vinculados a la inflación.
La controversia tomó mayor dimensión luego de que Fernández participara de la reciente Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes, evento que habría contado con apoyo económico del propio CFI. Las imágenes difundidas junto al senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro alimentaron las críticas de distintos sectores políticos, que cuestionan la utilización de recursos públicos para financiar estructuras, eventos y contrataciones vinculadas a dirigentes identificados con el kirchnerismo.
El Consejo Federal de Inversiones es conducido administrativamente por Ignacio Lamothe y desde hace tiempo se encuentra bajo observación por distintas contrataciones y gastos que han generado debate público. En las últimas semanas, diversas publicaciones también señalaron convenios con consultoras privadas y financiamiento de actividades oficiales que despertaron cuestionamientos respecto de la transparencia en el manejo de los fondos.
Uno de los puntos más discutidos del caso es la falta de información disponible sobre los resultados concretos de la contratación atribuida a Fernández. Hasta el momento, no trascendieron públicamente los materiales audiovisuales producidos, los criterios utilizados para determinar el monto de los honorarios ni los mecanismos empleados para su selección.
Para dirigentes opositores y sectores críticos del oficialismo, el episodio constituye un nuevo ejemplo de una estructura estatal que destina recursos millonarios a contrataciones políticas mientras las provincias enfrentan restricciones presupuestarias, problemas de infraestructura y demandas sociales crecientes.
El caso puntual de Ofelia Fernández es obsceno, degenerado y vergonzante, pero la discusión va más allá. El verdadero interrogante apunta al funcionamiento del CFI y al destino de recursos que provienen de todas las provincias argentinas. En un contexto de ajuste económico y exigencia de mayor transparencia, crecen los reclamos para que el organismo haga pública la totalidad de sus contrataciones, criterios de selección y resultados obtenidos con los fondos administrados.
La imágen de dirigentes políticos participando de eventos financiados con dinero público mientras surgen denuncias sobre contratos millonarios vuelve a poner bajo la lupa una pregunta que atraviesa a gran parte de la sociedad argentina: quién controla el uso de esos recursos y qué beneficios concretos reciben los contribuyentes a cambio.
