La designación del comisario mayor Dante Pérez Bianchi como nuevo titular de la Superintendencia Región Atlántica III no es un hecho aislado. Es la consecuencia de una crisis de seguridad que atraviesa Mar del Plata y que, lejos de resolverse, se profundiza en medio de un juego de culpas entre Provincia y Municipio.

Los vecinos lo saben: la inseguridad se siente en las calles, en los comercios, en los barrios periféricos y en el centro. Robos violentos, entraderas, ataques a comerciantes y un mercado de drogas en expansión han convertido a la ciudad en un escenario de creciente preocupación. Las movilizaciones vecinales de este fin de semana son la prueba más clara de que la paciencia social se agotó.

El recambio de Olmos por Pérez Bianchi busca mostrar reacción institucional. Pero detrás del gesto se esconde la verdadera disputa: ¿quién es responsable de la seguridad en Mar del Plata? El gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad señalan que la conducción policial depende de la Provincia. El intendente Fernando Neme, sucesor de Guillermo Montenegro, responde que el Municipio carece de recursos y que las decisiones estratégicas las toma La Plata. Montenegro, por su parte, dejó una herencia de reclamos vecinales sin respuesta y una ciudad marcada por la desconfianza hacia las instituciones.

Esta pelea política es tan peligrosa como el delito mismo. Mientras Provincia y Municipio se echan culpas, los vecinos quedan atrapados en una ciudad donde la prevención es insuficiente y la presencia policial escasa. La inseguridad no distingue colores partidarios: afecta a todos por igual.

El nuevo jefe regional, Pérez Bianchi, enfrenta un desafío mayúsculo. Su trayectoria en investigaciones complejas lo respalda, pero la magnitud del problema exige más que experiencia: requiere coordinación real entre Provincia y Municipio, inversión en recursos, inteligencia criminal y una estrategia sostenida. De lo contrario, el recambio será apenas un cambio de nombres sin impacto en las calles.

La columna vertebral del problema es institucional. La Policía Bonaerense arrastra una crisis de legitimidad y funcionamiento: miles de efectivos con carpetas médicas, falta de patrulleros, escasa capacitación y vínculos con el delito. El Municipio, por su parte, carece de herramientas para enfrentar el problema y se limita a reclamar lo que no controla. El resultado es una ciudad que se siente desprotegida.

La esperanza, sin embargo, está en que el caso haya sido visibilizado y que la presión social obligue a las autoridades a actuar. La movilización vecinal es un recordatorio de que la seguridad es un derecho básico y que la política no puede seguir jugando al pase de culpas. La sociedad exige respuestas concretas: más patrullaje, prevención en los barrios críticos, coordinación con la Justicia y transparencia en la conducción policial.

El verdadero responsable de la inseguridad en Mar del Plata no es solo la Provincia ni solo el Municipio. Es el sistema político en su conjunto, que ha permitido que la crisis social y económica se profundice. El éxito dependerá de que Provincia y Municipio dejen de lado la disputa partidaria y trabajen juntos. La seguridad no puede esperar.