La condena a 19 expolicías bonaerenses y seis civiles por robar droga a bandas narco y reinsertarla en el mercado ilegal es uno de los fallos más duros y reveladores de los últimos años. El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín dictó penas de hasta 17 años de prisión, dejando al descubierto un entramado de corrupción que operaba desde las propias estructuras estatales creadas para combatir el narcotráfico.

El caso “Leones blancos” sintetiza el horror: policías que debían proteger a la sociedad armaron un procedimiento falso, sustrajeron cientos de kilos de cocaína y los devolvieron al circuito ilegal. La investigación demostró que la droga fue comercializada en la costa bonaerense y destinada incluso al comercio internacional. La cifra es escalofriante: entre 2,6 y 2,8 millones de dólares en cocaína robada por quienes tenían la obligación de combatirla.

No se trató de hechos aislados. Procedimientos fraguados, falsificación de documentos, extorsiones y amenazas formaban parte de un esquema sostenido durante años. La acusación fiscal fue contundente: los policías seleccionaban a quién perseguir, a quién dejar operar y cuánto dinero exigir. La corrupción se convirtió en un sistema, con complicidades judiciales y políticas.

El excomisario Roberto Adrián Okurzaty recibió la pena máxima: 17 años de prisión. Otros jefes policiales y civiles también fueron condenados. Incluso abogados vinculados a la trama recibieron inhabilitaciones. El fallo ordenó comunicar las condenas a ministerios y colegios profesionales, marcando que la sanción no se limita a los individuos, sino que busca impactar en las instituciones.

Este caso es una radiografía brutal de la corrupción policial en la Provincia de Buenos Aires. Pero también es una señal de esperanza: el sistema judicial, pese a sus falencias, logró detectar, juzgar y sancionar a quienes usaron el uniforme y el poder del Estado para enriquecerse del mismo delito que debían combatir.

La sentencia representa un mensaje claro: la impunidad no es eterna. La corrupción puede ser desenmascarada y castigada. La sociedad necesita saber que los responsables no quedarán protegidos por sus cargos ni por sus vínculos. Este fallo, aunque tardío, devuelve un mínimo de confianza en que la justicia puede actuar contra las mafias enquistadas en las instituciones.