Por estos días, mientras el Gobierno celebra nuevos avances en su programa de ajuste fiscal y equilibrio de las cuentas públicas, miles de familias de Mar del Plata reciben una noticia que golpea directamente en la economía cotidiana: la eliminación del beneficio de Zona Fría para gran parte de los usuarios de gas de la ciudad. La medida, recientemente aprobada por el Congreso, marca un cambio profundo en un esquema que desde 2021 reconocía una realidad tan evidente como difícil de ignorar: vivir en una ciudad fría implica gastar más energía para calefaccionarse.

La discusión excede largamente el terreno técnico. No se trata solamente de porcentajes, subsidios o partidas presupuestarias. Lo que está en debate es una pregunta mucho más profunda: ¿hasta dónde puede llegar una política de ajuste cuando empieza a afectar necesidades básicas de la población?

Durante los últimos años, el régimen de Zona Fría permitió que millones de hogares argentinos accedieran a descuentos del 30% y, en algunos casos, del 50% en sus facturas de gas. La ampliación aprobada en 2021 incorporó a ciudades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Mar del Plata, reconociendo que las bajas temperaturas generan un consumo energético superior al promedio nacional.

Ahora, el Gobierno nacional decidió retrotraer ese esquema. El beneficio dejará de otorgarse de manera general por ubicación geográfica y pasará a concentrarse principalmente en sectores considerados vulnerables según criterios económicos y patrimoniales. La argumentación oficial es conocida: el sistema era fiscalmente costoso, generaba distorsiones y otorgaba subsidios a personas que no necesariamente los necesitaban.

A primera vista, el razonamiento parece consistente. Resulta lógico que el Estado procure dirigir sus recursos hacia quienes más los necesitan. Sin embargo, la realidad suele ser bastante más compleja que las planillas de Excel.

Porque una familia puede no ser pobre y aún así sufrir enormemente el impacto de una factura de gas cada vez más elevada. Puede tratarse de un matrimonio de jubilados, de una pareja trabajadora con ingresos medios o de un pequeño comerciante que apenas logra sostener su economía doméstica. Personas que probablemente no califiquen para recibir subsidios focalizados, pero que tampoco disponen de ingresos suficientes para absorber aumentos permanentes en servicios esenciales.

Mar del Plata no dejó de ser una ciudad fría porque cambió una ley. El viento, la humedad y las bajas temperaturas continúan siendo exactamente los mismos. Las necesidades de calefacción de una familia marplatense no desaparecen porque el Tesoro Nacional necesite reducir gastos.

Durante gran parte del año, especialmente entre mayo y septiembre, miles de hogares de la ciudad necesitan mantener estufas y calefactores encendidos durante varias horas al día. No se trata de un consumo suntuario ni de un lujo. Se trata de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, salud y bienestar.

Por eso las advertencias realizadas por distintos sectores locales no deberían ser tomadas a la ligera.

El defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Marcelo Lacedonia, sostuvo que el impacto en las boletas podría superar el 42% como piso para muchos usuarios y alertó sobre las consecuencias sociales de la medida. Según explicó, la reforma no sólo elimina descuentos del 30% o 50%, sino que además modifica la forma de calcular el beneficio residual que permanecerá para algunos sectores.

Lacedonia incluso adelantó que se analiza impulsar una acción judicial colectiva al considerar que podrían verse afectados derechos vinculados al acceso a una vivienda digna y al confort térmico necesario para preservar la salud. Entre sus argumentos, destacó un dato particularmente relevante para Mar del Plata: aproximadamente uno de cada cinco habitantes de la ciudad tiene más de 65 años. Para muchos adultos mayores, reducir el uso de la calefacción no representa simplemente una incomodidad económica; puede convertirse en un riesgo sanitario concreto.

No hablamos de televisión por cable, telefonía móvil o plataformas de entretenimiento. Hablamos de un insumo básico para cocinar, calefaccionar una vivienda y atravesar el invierno en condiciones dignas.

La propia discusión judicial que comienza a plantearse gira alrededor de ese concepto: el acceso a la energía como un derecho esencial y no únicamente como una mercancía sujeta a la lógica de mercado.

Los usuarios que perderán el beneficio seguirán aportando al fondo que financia el sistema remanente. Es decir, muchos hogares que dejarán de recibir la compensación continuarán contribuyendo a sostener el mecanismo mediante los cargos incluidos en las facturas. Esta situación alimenta la sensación de inequidad entre quienes entienden que seguirán pagando por un régimen del que ya no forman parte.

Es cierto que este beneficio otorgaba descuentos por ubicación geográfica sin distinguir casos particulares. Es cierto que existían hogares de altos ingresos beneficiados por el esquema. Es cierto que el Estado argentino arrastra desequilibrios fiscales históricos que requieren correcciones. Pero reconocer esas falencias no implica aceptar cualquier solución.

Entre subsidiar indiscriminadamente a todos y eliminar de manera abrupta beneficios para millones de usuarios existe un amplio abanico de alternativas posibles. Segmentaciones graduales, esquemas transitorios, evaluaciones climáticas más precisas o mecanismos de compensación específicos para ciudades con condiciones particulares podrían haber formado parte de la discusión.

Sin embargo, una vez más, la respuesta elegida parece ser la más rápida desde el punto de vista fiscal y la más costosa desde el punto de vista social.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, buena parte de las decisiones económicas han estado orientadas a alcanzar objetivos macroeconómicos que durante años parecían inalcanzables: reducción del déficit, desaceleración de la inflación y saneamiento de las cuentas públicas. Son metas legítimas y necesarias. Nadie puede negar que la estabilidad económica constituye un objetivo deseable para cualquier país. El problema surge cuando el éxito de esos indicadores se convierte en un fin en sí mismo y deja de estar conectado con la vida real de las personas. La macroeconomía importa. Pero importa porque detrás de cada número existen ciudadanos.

Durante la campaña presidencial se prometió que el ajuste recaería sobre "la casta". Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de las medidas implementadas parecen haber trasladado una parte significativa de ese esfuerzo hacia sectores medios, trabajadores, jubilados y usuarios de servicios públicos.

La realidad, una vez más, parece indicar que el ajuste lo está pagando el ciudadano de a pie, y no la casta política.